decisión de retirarle la confianza a la Dra. Zayira Jordán Conde como presidenta de la Universidad de Puerto Rico, posición que este cuerpo mantiene de manera firme.
La realidad institucional es cada vez más evidente; la Universidad de Puerto Rico se encuentra paralizada. Basta examinar los propios informes emitidos por la Presidencia para advertir un patrón constante de lenguaje declarativo que sugiere movimiento sin ofrecer evidencia operacional concreta. Expresiones como “avanzando de manera estructurada y medible”, “visión de futuro”, “reestructuración organizativa” o “transformación sostenida” se repiten con frecuencia en los informes administrativos, pero no describen resultados verificables ni metas cumplidas.
A pesar de ello, hoy nos damos cita en la reunión ordinaria de la Junta Universitaria no como un aval a la gestión ni al desempeño de la actual presidencia, sino desde el compromiso que tenemos con nuestra responsabilidad institucional y con las comunidades que representamos en este cuerpo. Nuestra presencia responde al deber de continuar levantando los cuestionamientos, preocupaciones y planteamientos que la comunidad universitaria ha traído ante este foro, aún cuando estos permanezcan sin respuesta por parte de la administración central.
En distintos foros públicos, la presidenta ha sostenido que no existe fundamento alguno para su remoción y que corresponde a la comunidad universitaria, incluyendo a los científicos y académicos del sistema, a que tienen que “abrir su mente” y examinar cuál es la evidencia que sustenta la solicitud de su separación. De igual forma, ha insistido en que es la persona idónea, en el momento idóneo, para dirigir la institución.
Sin embargo, cuando aspiró a la presidencia fue la propia Dra. Jordán Conde quien presentó argumentos afirmativos para sostener su idoneidad. Hoy, tras más de ocho meses de gestión, cuando corresponde demostrar resultados concretos, verificables y medibles, se pretende trasladar
la carga probatoria a la comunidad universitaria. En términos elementales de lógica institucional y de gobernanza pública, la carga de la prueba corresponde a quien afirma, a quien sostiene que debe permanecer y a quien asegura ser la persona indicada para dirigir la universidad.
Reducir el debate a la premisa de que “si no pueden probar que debo irme, entonces debo quedarme” invierte indebidamente ese principio. La idoneidad en un cargo público no se presume indefinidamente; se sostiene mediante resultados. Y cuando los resultados no se evidencian, no corresponde a la comunidad universitaria probar un negativo, sino a la administración demostrar cumplimiento.
Cuando se examinan con mayor detenimiento los documentos presentados, lo que emerge no es una transformación consolidada, sino un proceso que continúa dependiendo de talleres, retiros administrativos y actualizaciones de datos para sostener sus propias métricas. La llamada transformación institucional se describe como estructurada, pero en la práctica permanece condicionada a procesos preliminares que aún no se traducen en resultados tangibles.
Incluso en informes recientes se reconoce que varios indicadores institucionales continúan reflejando métricas documentadas por última vez en diciembre de 2024. Esto plantea dos escenarios igualmente preocupantes: o la medición institucional no se está actualizando adecuadamente o, de estar correctas las cifras, simplemente no ha habido progreso sustantivo que reportar. En cualquiera de los casos, no estamos ante una transformación en marcha, sino ante un estancamiento administrativo que intenta cubrirse con narrativa.
Transformar una institución del tamaño y la complejidad de la Universidad de Puerto Rico no consiste únicamente en anunciar planes, celebrar reuniones o coordinar procesos. Transformar implica ejecutar políticas, cerrar ciclos administrativos, cumplir metas institucionales y producir resultados medibles que puedan ser evaluados por la comunidad universitaria y por el país.
Si esa transformación estuviera realmente en marcha, estos asuntos tendrían respuestas claras, calendarios definidos y resultados verificables. Sin embargo, lo que encontramos es una serie de temas medulares que permanecen abiertos, sin contestación o sin evidencia concreta de implementación. Entre ellos se encuentran la revisión curricular sistémica, el estatus del plan de clasificación y retribución del personal docente y no docente, la educación virtual y el avance del plan de reclutamiento docente.
A estos se suman interrogantes fundamentales sobre las estrategias de retención estudiantil, el modelo de servicios compartidos dentro del sistema universitario, la planificación presupuestaria de cara al presupuesto del año fiscal 2027, la movilidad docente y el estatus de programas académicos en posible moratoria. También continúa pendiente información clara sobre las medidas concretas para atender la crisis de infraestructura que afecta particularmente al Recinto de Río Piedras, y, sobre todo, las gestiones dirigidas a atender la pérdida de fondos de investigación.
La parálisis institucional no se proclama; se evidencia. Se evidencia cuando preguntas esenciales sobre política académica, finanzas, reclutamiento docente, cumplimiento reglamentario y
desarrollo institucional permanecen sin respuesta. Es precisamente por esa razón que reiteramos nuestra determinación de retirarle la confianza a la actual presidencia.
La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico tiene un deber fiduciario indelegable de velar por la estabilidad del sistema universitario. Esa estabilidad exige un liderato capaz de responder con claridad, resultados y conocimiento institucional.
Por ello, exhortamos a la Junta de Gobierno a actuar con la responsabilidad que exige su mandato. La estabilidad institucional de la Universidad de Puerto Rico no puede seguir supeditada a una administración que no ha logrado demostrar resultados ni restaurar la confianza de su comunidad universitaria. La universidad pública del país requiere liderazgo, ejecución y dirección clara. Postergar decisiones necesarias solo prolonga la incertidumbre que hoy enfrenta nuestra institución.
La Universidad de Puerto Rico merece una presidencia que ejecute, que responda y que demuestre resultados. Mientras eso no ocurra, nuestra posición permanece firme, la confianza retirada se mantiene y la Dra. Jordán no debe continuar como presidenta del primer centro docente de Puerto Rico.