Organizaciones y abogados de inmigración denuncian constantes violaciones de derechos a inmigrantes que son detenidos por el fichaje racial que ejercen tanto las autoridades locales como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas federal (ICE en inglés).
Por Damaris Suárez | Centro de Periodismo Investigativo
A Jacinto (nombre ficticio) le chocaron el carro el pasado jueves mientras transitaba junto a su familia por la avenida Monserrate en Carolina. En lugar de tomarle la querella en ese lugar, el policía municipal lo llevó al cuartel de Sabana Abajo donde lo interrogaron sobre su estatus migratorio, y sin darle tiempo a mostrar los documentos que tenía en su casa, lo arrestaron. El guardia, desde el cuartel, dijo que tenía que alertar a oficiales de inmigración de Estados Unidos sobre la detención del dominicano residente en Puerto Rico.
La pareja de Jacinto, que llegó al cuartel a llevar los documentos que el padre de su hija tenía en el hogar, aseguró al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que el agente le dijo que su placa estaba en juego si no informaba a inmigración sobre la presencia de un inmigrante sin documentos. Hasta el pasado lunes, el incidente no aparecía registrado en los récords de la Policía municipal ni se le había asignado un número de querella al accidente de tránsito, por lo que la mujer dijo que presentó una querella administrativa contra el agente con la única información que tenía: se apellida Aponte y su número de placa es el 551.
El CPI llamó al cuartel de Sabana Abajo para indagar detalles con el agente, pero se indicó que no se encontraba. Se solicitó una entrevista con el inspector Rubén Moyeno García, jefe de la Policía Municipal de Carolina, pero no hubo respuesta.
Pedro (nombre falso para proteger su identidad) fue interceptado a una cuadra de su residencia en Hatillo por una patrulla de la Policía de Puerto Rico. El agente le preguntó por sus documentos, y unos minutos después, aparecieron dos agentes federales de inmigración y lo arrestaron en medio de la calle. Ahora se encuentra en el Centro de Detención Krome en el estado de Florida.
“El Estado está cooperando. ¿Cómo van a saber dónde vive si no es por su licencia de conducir?”, cuestionó su abogada María del Rosario García Miranda en referencia a casos como el del inmigrante detenido por una patrulla de la Policía de Puerto Rico cuando salía de su residencia. Este tenía licencia y recientemente la había renovado con su dirección actual, confirmó la abogada.
Desde 2013, las personas que no tienen un estatus migratorio definido en Puerto Rico pueden obtener una licencia de conducir provisional. La Ley 97 que habilitó esta licencia fue firmada durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla. El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) mantiene los datos de estas licencias en un registro.
La cooperación de la Policía de Puerto Rico y las policías municipales con los agentes de inmigración es una de las maneras en las que el Gobierno de Puerto Rico colabora con las agencias federales en las intervenciones contra inmigrantes en Puerto Rico, tal y como confirmó la agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI en inglés) en Puerto Rico e Islas Vírgenes, Rebecca González en una entrevista al medio NPR.
“El Gobierno de Puerto Rico está cooperando con nosotros en todo lo que pedimos. Y nosotros hemos solicitado eso (la lista de personas con estatus migratorio no definido que tienen licencia de conducir) para poder cumplir con nuestra misión. Estamos esperando”, dijo la funcionaria federal en la entrevista publicada el lunes.
Sin embargo, la lista de estos conductores fue entregada por el Gobierno de Puerto Rico a la Oficina de Inmigración federal, dijo el pasado miércoles Yariel Ramos, agente especial de HSI en Puerto Rico, durante una entrevista en el programa Primera Pregunta.
“El DTOP maneja la información bajo su custodia de manera responsable y conforme a las leyes aplicables. Reiteramos que la agencia no tiene acuerdos de colaboración con ninguna entidad externa, y seguimos operando dentro del marco normativo vigente”, había dicho Edwin González Montalvo, secretario del DTOP el 18 de febrero a El Nuevo Día. Este jueves la agencia federal certificó a ese medio que la lista de inmigrantes con licencia de conducir la obtuvieron entre febrero y marzo pasado. El DTOP dijo que entregaron la información luego de recibir un subpoena.
Por su parte, la Oficina del HSI en Puerto Rico dijo al CPI en unas escuetas declaraciones escritas que “las autoridades locales nos apoyan en nuestras investigaciones criminales” sin especificar si estos operativos que culminan en detenciones administrativas, son considerados o se derivan de alguna investigación criminal. Aunque se solicitó, no identificaron cuáles son las agencias o instrumentalidades de Puerto Rico que les ofrecen apoyo y qué tipo de colaboración reciben.
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Convencidos de que las autoridades locales colaboran
“Ahora están en la calle todos los días. Obviamente sí, esporádicamente o de acuerdo al procedimiento, [antes] se hacían operativos, pero no es como se está haciendo ahora que es todos los días”, dijo la profesora García Miranda, encargada de inmigración en la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
La abogada narró el caso de una persona que recibió una llamada del Departamento de Justicia de Puerto Rico preguntando información personal debido a que estaban “recopilando datos actualizados de las víctimas de delito”. La abogada le asesoró que no diera la información.
Otra letrada que no tiene duda de que existe colaboración del Gobierno de Puerto Rico y el federal es la expresidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración de Puerto Rico, Julie Cruz Santana. Narró que tiene clientes que le han dicho que cuando los agentes de inmigración han ido a sus casas directamente preguntan por la persona que buscan, saben exactamente el nombre y apellido y tienen un expediente con una foto idéntica a la que aparece en su licencia de conducir.
“Aquí hay colaboración de todas las agencias. De todas las agencias”, sostuvo la abogada, que también forma parte del panel de asesores de la Unión Americana de LIbertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico en materia de inmigración.
Tanto García Miranda como la profesora de derecho de inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana Mariela Negrón Marty denunciaron que, a raíz de la política antimigratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los inmigrantes que acuden a los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) están confrontando problemas para obtener su licencia de conducir. Aunque la ley es clara en que el único requisito para solicitarla es haber residido en Puerto Rico más de un año, en ocasiones les ponen trabas.
“Conozco casos míos y de otros abogados. No siguen la ley, y en la práctica, los rechazan”, denunció Negrón Marty, quien recalcó que la licencia de conducir no regulariza su estatus migratorio porque es un trámite administrativo, pero al menos les permite manejar legalmente.
“Estamos creando un problema de seguridad vial. Ya no sacan la licencia por temor, ya que de los CESCO y de otras agencias han llamado a ICE”, dijo por su parte García Miranda.
Puerto Rico sin acuerdo bajo la Ley federal que permita colaborar en intervenciones con inmigrantes
El Programa de Delegación de Autoridad Migratoria bajo la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece los parámetros en los que los estados o municipios llegan a acuerdos de entendimiento para asignar personal a trabajar directamente con la agencia federal.
La Ley federal de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes de 1996 estableció la Sección 287(g) a la Ley de Inmigración y Nacionalidad para permitir que el ICE pueda delegar la autoridad a oficiales del orden público estatal y municipal para ejercer funciones específicas de oficiales de inmigración bajo la dirección de la agencia federal. Puerto Rico no figura, al 4 de junio de 2025, entre las 629 jurisdicciones que mantienen acuerdos bajo esta sección, confirmó el CPI en la página de ICE.
“Puerto Rico no tiene firmado un acuerdo de entendimiento bajo la Sección 287(g). Contrario a cómo ha funcionado en EE. UU., en Puerto Rico nunca ha sido necesario porque hay una percepción general dentro de los cuerpos de seguridad del Estado de que, si es [una orden] federal, pues ellos lo tienen que hacer. Entonces hay un acto de sumisión automática”, dijo Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU.
Foto por Vanessa Serra | Centro de Periodismo Investigativo
Aunque el Gobierno ha rechazado que esté colaborando, la gobernadora Jenniffer González ha dicho que no combatiría las órdenes migratorias de Trump para evitar la perdida de fondos federales.
Más de una veintena de jurisdicciones estadounidenses se han negado a colaborar con las autoridades federales en sus esfuerzos de deportaciones e incluso algunas han demandado a la administración Trump. Entre ellas están: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Washington, Wisconsin y Vermont.
Exponencial aumento en intervenciones
Desde que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca y estableció mediante órdenes ejecutivas una política pública antimigratoria, en Puerto Rico casi se ha quintuplicado la cantidad de arrestos de inmigrantes.
Una petición de información del CPI a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Puerto Rico revela que al 27 de mayo de 2025, apenas el 16% de las personas migrantes detenidas como consecuencia de las políticas de Trump han cometido delitos.
Durante el 2024 se realizaron un total de 95 arrestos administrativos, dijo HSI al CPI. Hasta este jueves, 5 de junio de 2025, se han realizado un total de 468 arrestos administrativos, indicó la agencia federal mediante declaraciones escritas. Otros 84 inmigrantes fueron detenidos por sus presuntos vínculos con acciones delictivas. La cantidad total de inmigrantes detenidos en Puerto Rico desde las órdenes administrativas de Trump hasta el 5 de junio es de 552 migrantes.
Sin el debido proceso
Las autoridades federales en la Isla han aumentado dramáticamente los arrestos sin contar con una orden judicial, mediante engaño y haciendo un tipo de fichaje racial de la persona, es decir si su físico o acento les identifica como una persona de nacionalidad extranjera, coincidieron representantes de organizaciones pro derechos humanos y civiles así como abogados especialistas de inmigración entrevistados por el CPI. Dijeron que las intervenciones han sido más frecuentes este año, muy distinto a los operativos esporádicos que los agentes federales acostumbraban hacer en la División de Deportaciones del ICE con personas que tuvieran una convicción o que se les hubiera dado una orden de deportación y no hubieran comparecido.
Contrario a las denuncias de abogados de casos de inmigración, el HSI aseguró que las agencias federales han seguido el debido proceso de ley garantizando el derecho de toda persona detenida a tener un representante legal, y la oportunidad que un juez de la corte de inmigración revise su caso.
“A cada inmigrante se le entrega un listado de asistencia legal para inmigrantes en Puerto Rico y del estado de Florida”, dijo la agencia federal al CPI mediante declaraciones escritas. Sin embargo, esta fue una de las críticas de los representantes legales de inmigrantes y de la ACLU: que los agentes federales solo contaban con una lista de abogados de Florida bajo la premisa que en Puerto Rico no se vería ningún caso. A raíz de eso la ACLU busca crear una lista de abogados locales para que se distribuya a los detenidos y puedan acceder a representación legal en Puerto Rico.
Pero la denuncia de que los arrestos se hacen sin garantizarles el derecho a representación legal y del debido proceso de ley a personas que no han cometido delito previo alguno fue sustentada por las abogadas de la ACLU Martínez Orabona y Cruz Santana indicando que tras un operativo el 8 de mayo fueron junto a otra abogada al centro de detención temporero de HSI en Guaynabo. Inicialmente se les negó acceso al edificio, aunque Cruz Santana es abogada de inmigración y tenía su identificación. Allí se percataron que las autoridades le dan una lista de abogados de Florida a los detenidos y no de Puerto Rico. También corroboraron que los mantienen incomunicados por largo tiempo y que, al sacarlos de la Isla, se dificulta su debida representación. García Miranda relató al CPI que estuvo horas el pasado 26 de mayo de 2025 para poder entrar a hablar con su representado detenido en el centro de detención de Guaynabo.
Denuncian patrón de detenciones basadas en un fichaje racial
Martínez Orabona y el director legal de ACLU PR han documentado que los agentes de inmigración se pasean en las zonas donde hay una mayor comunidad de inmigrantes y solicitan documentos solamente a algunas personas ante la mera percepción de que no tienen un estatus definido por su apariencia física, pero sin tener una sospecha fundada de que la persona haya cometido delito o sea prófugo de la justicia.
Según estos abogados, la mayor parte de las intervenciones han ocurrido sin contar con una orden judicial, sino usando un documento administrativo —si alguno— con el que logran, bajo engaño, que el inmigrante les dé información. Aclararon que toda intervención de un funcionario de inmigración requiere una orden judicial. La agencia federal no reaccionó a este señalamiento.
“Es mediante engaño y coacción. Es una intervención totalmente ilegal. Basándose en la apariencia física en las zonas o lugares de residencia donde viven los inmigrantes, el acento que puedan tener los inmigrantes, su color de piel. Todo esto cae bajo el concepto de un [fichaje por] perfil racial o racial profiling”, sostuvo Arraiza Navas.
Arriaza Navas dijo que son mínimas las órdenes de arresto contra una persona inmigrante porque haya cometido un delito o esté prófugo de la justicia.
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Los abogados de la ACLU recordaron que, antes de Trump, muchos de los operativos de inmigración ocurrían en el contexto laboral cuando se presentaba una querella por explotación obrera a inmigrantes. Los arrestos que se hacían estaban seguidos por un proceso judicial. Si encontraban personas sin estatus migratorio regular, se les detenía. No obstante, eran llevados ante un juez de inmigración, dijeron los abogados.
Para Martínez Orabona y Arraiza Navas al eliminar el debido proceso de Ley, la detención de los inmigrantes por las autoridades de inmigración constituyen un tipo de secuestro, algo que también se ha denunciado ampliamente en estados como Florida, Chicago, Wisconsin, California y Massachusetts, entre otros.
“Se los llevan lejos de su familia, lejos de su lugar de residencia, de sus contactos sociales, se los llevan lejos de su abogado” criticó Martínez Orabona, al explicar que se priva al detenido de los derechos básicos para defenderse y legalizar su estatus migratorio.
Martínez Orabona explicó que no se supone que una persona esté sujeta a una detención de tipo criminal porque estar indocumentado no es un crimen sino una falta administrativa. Antes de las órdenes de Trump, la norma era que las personas con estatus migratorio indefinido detenidas eran puestas en libertad con una citación para que comparecieran posteriormente al tribunal.
“Ellos están creando un estado de terror, punto, para obligar a la gente, para forzarlos a que se vayan voluntariamente”, coincidió Arraiza Navas en entrevista separada.
Tecnología que solicita la deportación
El Gobierno federal eliminó la aplicación móvil CBP One creada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP en inglés) que facilitaba el trámite de solicitudes de inmigración. En su lugar, crearon CBP Home, para que las personas que no cuentan con la documentación para permanecer en los Estados Unidos puedan iniciar voluntariamente el proceso para regresar a su país.
Con CBP Home el Gobierno promueve estas “auto deportaciones” con la promesa de que no serán detenidos y recibirán asistencia en el proceso. A cambio, el Gobierno federal ofrece un incentivo de $1,000 que sería desembolsado cuando la persona esté en su país de origen.
¿Qué certeza hay de que le van a dar los $1,000 al estar de regreso en su país?”, cuestionó Cruz Medina.
Efecto en la economía
Los operativos federales contra los migrantes tendrán un efecto negativo en la economía local y una merma en los recaudos del Gobierno, anticipó José Caraballo Cueto, economista y director del Centro de Estudios del Desarrollo (CED) del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Recalcó que los inmigrantes aportan a la economía generando ganancias al erario por pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU). Si estos son deportados, equivale a menos personas aportando en adquisición de bienes y servicios que es de donde el Gobierno genera ingresos. Muchos de ellos pagan Seguro Social, contribución que hacen al sistema y que nunca reclaman, aseguró el también expresidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico.
“Por eso es que en economía decimos que, cuando baja la población, pues hay pérdida económica, tienen menos consumidores”, dijo tras mencionar el efecto adicional que tendrán estas deportaciones en el decrecimiento poblacional, que ya es un problema en Puerto Rico pues la población ha disminuido en un 2.5% en los pasados cuatro años, según las estimaciones de población de la Oficina del Censo de Estados Unidos que se publicaron en marzo de 2025.
Según el profesor universitario, uno de los sectores económicos más afectados en Puerto Rico por la reducción en la población inmigrante es el de la construcción, que a gran escala y en proyectos individuales enfrenta desde hace años problemas por escasez de mano de obra. Anticipó que el resultado de las deportaciones de inmigrantes será dilatar aún más la reconstrucción de Puerto Rico y que aumente el costo de los proyectos.
Duras condiciones
Un hombre de nacionalidad peruana fue detenido en Puerto Rico en abril y todavía se encuentra en el Centro de Detención Krome en Miami, donde han habido denuncias de hacinamiento. Desde allí, en una llamada telefónica narró a un allegado que los primeros días lo pusieron en un cuarto donde apenas cabían los detenidos y durmió en el piso. Se enfermó y no recibió atención médica.
Su esposa, que prefirió no ser identificada, relató al CPI las vicisitudes que ha pasado sola con los tres hijos de la pareja, uno de ellos tiene una condición neurológica, y sin entrada económica en su hogar. Por condiciones de salud, no puede trabajar y su esposo era el proveedor principal del hogar. Ahora, ella vive apenas con algunos ahorros y con la ayuda que le pueda dar algún familiar.
Apenas puede hablar con su esposo unos minutos a la semana, pagando por las llamadas telefónicas.
“Esto ha impactado mucho a los niños. No se podían concentrar bien en la escuela, obviamente por saber las condiciones en que su papá se encontraba y se encuentra en estos momentos. Lo que nos cuenta es que no la está pasando muy bien allá”, dijo la mujer.
Juan, nombre ficticio de joven de nacionalidad dominicana, se dirigía a su trabajo el pasado marzo en el área de Cupey y al llegar fue interceptado por agentes del ICE. Como estaba manejando, le pidieron su identificación y al darle la licencia de conducir para las personas que no tienen un estatus regularizado, lo arrestaron. No solo se llevaron a Juan, sino también a dos personas que le acompañaban en el auto, uno de ellos, con ciudadanía estadounidense.
Ni la abogada supo dónde lo tenían detenido. No fue hasta que Juan pudo llamar a su madre que reside en República Dominicana que se enteraron de que estaba en Aguadilla. Esta se comunicó para informar que el joven quería una salida voluntaria. Aunque en esa llamada le informaron que gestionarían viaje en el ferry, en cuestión de días, el inmigrante le informó a su madre que lo iban a trasladar al Centro de Detención de Laredo en Texas. A pesar de que un juez de inmigración había concedido su salida voluntaria para en o antes del 17 de abril, fue trasladado desde Texas a República Dominicana el 27 de abril.